Puerto Rico: su transformación en el tiempo

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Reflexiones en torno al abolicionismo en el siglo 19

Publicado por Mario R. Cancel-Sepúlveda en 15 marzo 2013


  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

Aunque no se puede olvidar el papel protagónico de los esclavos rebeldes afroantillanos en la causa abolicionista, la historiografía tradicional asigna el papel de propulsores del movimiento abolicionista puertorriqueño a un sector muy específico de las elites sociales insulares. Se trata de numerosos intelectuales y profesionales quienes, educados en el extranjero en carreras de vanguardia, se desarrollaron como ideólogos y activistas liberales comprometidos. Las carreras de vanguardia no era sino el derecho, la medicina, agronomía, ingeniería, la geografía, las ciencias físicas y las matemáticas, entre otras. El desarrollo de una clase profesional fue una novedad en el Puerto Rico en crecimiento que se afirmó alrededor de las reformas de 1812 a 1815.

José Julián Acosta y Calbo

José Julián Acosta y Calbo

Se trata de personas mucho más visibles que los esclavos por su vinculación de sangre al poderoso sector de los hacendados y los comerciantes. Dentro de aquel pequeño sector también había pensadores no tradicionales fuesen masones o librepensadores, que veían en la  Iglesia Católica Española un adversario por su abierta defensa de la esclavitud y el estado de hecho colonial. El espacio que ofrecía el Estado para la discusión del problema era escaso: el valor del trabajo o compensación laboral, la separación o la abolición eran asuntos que no se podían vetear públicamente. Ser abolicionista implicaba un riesgo político.

Las figuras más comentadas del abolicionismo en Puerto Rico pueden reducirse a las siguientes. En San Juan destacó el Prof. José Julián Acosta y Calbo (1825-1891), un liberal reformista con formación en física y matemática que había sido educado en Madrid y Berlín y uno de los pilares de la historiografía puertorriqueña. La otra fue el también Prof. Román Baldorioty de Castro (1822-1889), educado en San Juan y Madrid también en física y matemática de tendencias liberales que le condujeron hacia el autonomismo radical y soberanista en la década de 1880.

En Mayagüez desarrolló un particular activismo el Dr. Ramón E. Betances (1827-1898),  médico educado en París, pensador anticlerical, literato, masón y librepensador. Muy cerca de aquél estuvo el Lcdo. Segundo Ruiz Belvis (1829-1867), abogado educado en Caracas y Madrid, también masón y librepensador. Ambos apoyaban el separatismo independentista y fueron precursores de la idea de la Confederación de la Antillas como alternativa al estatus colonial desde 1860.

 

El activismo abolicionista en Mayagüez

Entre 1856-1857 se fundó en la  ciudad una “Sociedad Abolicionista Secreta”. La misma reunió activistas de  Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Aguadilla. La “Sociedad Abolicionista Secreta” funcionaba como una Logia Masónica o una Sociedad Secreta Revolucionaria. Los pocos datos que se tienen de ella indican que la organización no tenía ni un reglamento ni listas escritas de sus miembros con el fin de proteger a su militancia, y que se reunían en residencias privadas  y templos masónicos de la región. La “Sociedad Abolicionista Secreta” se dedicaba a recogían fondos para la causa, imponían cuotas regulares a los miembros y simpatizantes y utilizaban el dinero para comprar la libertad de niños esclavos en el momento del bautismo. La manumisión o liberación por la mano era un proceso legal que, si bien aumentaba la población de libertos, dejaba a lo niño liberados bajo la custodia de sus madres y, en consecuencia, de sus amos. También se tomaban, de acuerdo con un testimonio de Betances, riesgos mayores cuando apoyaban las fugas y la emigración de esclavos prófugos o evadidos al extranjero.

Los líderes abolicionistas de San Juan y Mayagüez fueron vigilados por el Estado. En Mayagüez la presión del gobierno se condujo a través de las autoridades de Ayuntamiento y su Corregidor o jefe de policía. La situación no produjo el efecto deseado. La insistencia de las autoridades española en vincular el abolicionismo con el Separatismo Independentista y Anexionista no era del todo errada.

 

El Movimiento Abolicionista Español

En el reino de  España la discusión de la abolición era legal y crecía como consecuencia de una  serie de factores. Primero, la presión del Reino Unido de Inglaterra o Gran Bretaña contra la institución de la esclavitud negra. Segundo, la Guerra de Secesión o Guerra Civil en Estados Unidos (1861-1864) que culminó con la abolición de aquel sistema de trabajo en aquel país. En ambos casos se trataba de emblemas que cuestionaban el absolutismo monárquico dominante en la península. Las figuras más significativas de aquel momento fueron varias. Se trataba de Intelectuales españoles y antillanos radicados en Madrid.

Julio L. Vizcarrondo

Julio L. Vizcarrondo

Ya hacia el año 1864, los abolicionistas se reunían en el hogar de un puertorriqueño: Julio L. Vizcarrondo Coronado (1829-1889). Vizcarrondo estaba vinculado a una poderosa familia de la isla que había tenido vinculaciones con las fuerzas armadas locales. Se había educado en Madrid y París, era periodista y escritor, activista social y un destacado filántropo. El 2 de abril de 1865, aquellos intelectuales fundaron la “Sociedad Abolicionista Española”, eligieron como Presidente Salustiano de Olózaga (1805-1873) militar, escritor, abogado y político español, y su Secretario el citado Vizcarrondo. La organización publicaba un periódico militante titulado “El Abolicionista Español” y tenía un contacto en Puerto Rico: el Prof. Acosta y Calbo.

Las convergencias entre el abolicionismo puertorriqueño y el español eran varias. Primero, compartían la admiración a los estados progresistas del Norte de Estados Unidos. Segundo, coincidían en que esclavitud negra debía ser abolida en beneficio del mercado laboral libre y que esa reforma liberal era necesaria e inevitable para estimular el progreso material y social. Tercero, coincidían en que la abolición de la esclavitud de los negros estaba en manos de los blancos y que había que evitar una guerra de razas a toda costa.

Las divergencias del abolicionismo puertorriqueño y español eran también notables. En Puerto Rico algunos abolicionistas querían separar a Puerto Rico del Reino de España o alterar la relación política entre ambos territorios. Tampoco se ponían de acuerdo en cuanto a las tácticas que debían implementar para adelantar la causa y algunos defendían la abolición gradual mientras otros auspiciaban medidas más radicales para presionar al Estados a decidirla. El abolicionismo fue una fase importante del movimiento liberal burgués del siglo 19 tanto en España como el Puerto Rico.

 

La Junta Informativa de Reformas de 1866-1867

En 1864 se disolvió el viejo Consejo de Indias, responsable de articular una política colonial desde 1517, y se instituyó el Ministerio de Ultramar con las mismas responsabilidades. Poco después, en 1865. El Ministro de Ultramar, Ramón M. Narváez (1800-1868) convocó una Junta Informativa de Reformas en Madrid con el fin de diseña una política racional en el manejo de los asunto ultramarinos. El objetivo de la Junta era diverso: debía discutir la cuestión política o las Leyes Especiales prometidas en 1837, la cuestión económica o la reforma del mercado y la cuestión social o el asunto de la esclavitud. Con ello en mente, se invitó a las colonias a enviar Comisionados o Informadores a la Junta. Cuba, Puerto Rico y Filipinas enviarían 28 comisionados en total. La delegación de Puerto Rico sería de 6 comisionados. La elección de los mismos dejó un resultado muy interesante. Tres de los elegidos fueron liberales y abolicionistas: Segundo Ruiz Belvis (Mayagüez), Francisco M. Quiñones (San Germán) y José Julián Acosta (San Juan). Los otros tres electos resultaron ser conservadores y esclavistas: Manuel Valdez Linares (San Juan), Manuel de Jesús Zeno Correa (Arecibo) y Luis Becerra (Ponce). Con algún retraso, en octubre de 1866, la Junta abrió sus sesiones.

Salustiano de Olózaga

Salustiano de Olozaga

La discusión de la cuestión política y económica, favoreció el desarrollo de políticas liberales en ambos ámbitos. En lo que compete al abolicionismo, es decir la discusión de la cuestión social, fue más problemática. Desde un principio quedó claro que la intención de la Junta era preservar la esclavitud y mejorar las relaciones laborales. Dada esa situación, en abril de 1867 los tres abolicionistas de Puerto Rico presentaron el Proyecto para la Abolición de la Esclavitud. En el documento reclamaron la abolición inmediata de la esclavitud sin compensación económica a los esclavistas. La acción provocó un escándalo y los proponentes fueron puestos bajo vigilancia. De paso, se informó a las autoridades de Puerto Rico que debían vigilarlos a su regreso a la Isla. La propuesta abolicionista no fue tomada en cuenta por la Junta.

 

Los argumentos de los abolicionistas puertorriqueños

La mejor manera de comprender el abolicionismo a la altura de 1867 es fijarse en los argumentos jurídicos que usaron. Se trataba de una concepción liberal del derecho que insistía en que el derecho debía ser revisado para crecer, no para ser restringido. Aplicada la lógica liberal a  la cuestión social, argüían que, si a los esclavos se les reconocía algún derecho, a la larga resultaba inevitable reconocerle todos los derechos en el futuro. El reconocimiento de todos los derechos equivalía a la libertad. Los razonamientos económicos eran simples y contundentes y estaban dirigidos al interés privado de los esclavistas: el trabajo libre era más costo eficiente que el trabajo esclavo. Para ello contaron con apoyo estadístico: entre 1846 y 1867 la producción agraria había crecido, aseguraban. Pero durante el mismo periodo las cantidades de esclavos habían bajado. Con ello sostenían que la producción no dependía de la esclavitud negra.

A su regreso a Puerto Rico, Quiñones y Acosta, negociaron con el Gobernador Militar José María Marchessi y Oleaga (1801-1882) una tregua. Ruiz Belvis se evadió del país con el apoyo de Ramón E. Betances y el Párroco de Hormigueros Antonio González. Los historiadores miran en aquel gesto el evento que justificó la Insurrección de Lares de 1868.

 

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La Carta Autonómica y la Guerra del 1898

Publicado por Mario R. Cancel-Sepúlveda en 15 abril 2011


  • Mario R. Cancel
  • Historiador y escritor

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) cumplió su compromiso con los autonomistas puertorriqueños  cuando llegó a la posición de Primer Ministro. A partir del 25 de noviembre de  1897 dictó 3 decretos con el fin de articular la Autonomía Moderada y Colonial en Puerto Rico y mediar en el conflicto cubano. El hecho de que el Partido Autonomista Puertorriqueño estuviese minado por el divisionismo desde la negociación del Pacto con Sagasta, no frenó un proceso que se formuló, esencialmente, pensando en los beneficios que  España España obtendría del mismo.

El primero de los decretos fue el que autorizó la aplicación del Título I de la Constitución Española de 1876, con lo que se reconocían los derechos civiles básicos, condición jurídica necesaria para legitimar el proceso de cambio. El segundo fue el que hizo extensiva a la isla la Ley Electoral española de 1890, la cual autorizaba el voto universal masculino a los ciudadanos mayores de 25 años. El tercero fue la prometida Carta Autonómica colonial y moderada, un documento que regulaba la administración de la colonia y que difícilmente equivalía a una constitución formal.

Práxedes Mateo Sagasta

Las reacciones de las elites políticas en las Antillas fueron las esperadas. En Cuba, en armas desde 1895, la oferta se recibió con frialdad. El ejército y el gobierno de Cuba en Armas, confiaba en que una intervención de Estados Unidos, evento que la autonomía esperaba evitar, favorecería la separación. En Puerto Rico, donde no había una guerra en el horizonte y la colaboración entre autonomistas y separatistas era poca, la recibieron con gusto. Aquella elite autonomista, vio en el gesto de emergencia de España, el cumplimiento de la promesa de Leyes Especiales de 1837 y 1876.

Vistos desde esa perspectiva, el propósito estratégico de la Carta Autonómica no se cumplió. Por un lado, no  frenó el Separatismo en Cuba y, a la larga, tampoco evitó que Estados Unidos interviniera militarmente en las Antillas. Las razones para el fracaso geopolítico de la Carta Autonómica deben buscarse en el hecho de que la reforma llegó políticamente tarde. Si en el 1887 se hubiese respondido a la fundación del Partido Autonomista Puertorriqueño en lugar de con los Compontes, con una oferta de Autonomía, la historia hubiese sido distinta. El otro elemento estuvo fuera del control de España. En febrero de 1898, el hundimiento accidental del acorazado Maine en La Habana mientras estaba estacionado en medio de una extraña visita de buena voluntad en medio del conflicto, justificó la declaración de guerra en Estados Unidos.

Se trata, en cierto modo, de un tradicional 11 de septiembre en pequeña escala. Los americanos responsabilizaron, sin prueba alguna, a los españoles de lanzar un torpedo desde un submarino de prueba contra la nave. Se difundió la patraña de que los rebeldes mambises ejecutaron el acto de terror con el fin de acelerar la intervención americana. Se sospechó que se trataba de un trabajo desde el interior con el fin de justificar la declaración de guerra. Lo más moderados sospecharon que se trataba de un accidente provocado por un descuido y solicitaron la intervención de un cuerpo investigativo imparcial, hecho que no se concretó en aquel momento. Para Estados Unidos era más importante la legitimación de la agresión que la aclaración juiciosa de la situación. En abril de 1898, el Presidente de Estados Unidos William McKinley (1843-1901) declaró la guerra a España.

La Carta Autonómica: una evaluación crítica

La Carta Autonómica fue un documento defectuoso, hecho con prisa, pensado con el fin de resolver los problemas geopolíticos de España. Interpretarla como una reforma graciosa de la hispanidad para la siempre fiel isla de Puerto Rico, o como un logro extraordinario del Partido Autonomista Puertorriqueño mutilado por la ruptura o trauma del 1898, tal y como lo hizo la Historiografía Liberal,   ya no resulta convincente. La ruta hacia la consolidación de la Autonomía Moderada y Colonial estuvo plagada de defectos procesales. De hecho, no fue discutida ni aprobada legalmente por el Parlamento Español, y tampoco se consultó a los puertorriqueños y los cubanos sobre su contenido y su alcance.

William McKinley

También contenía defectos de derecho  que la hacían antidemocrática. La más notable es que no abolió la relación colonial. Lo cierto es que los derechos individuales se pueden garantizar incluso en una colonia. El Puerto Rico del Estado Libre Asociado es una demostración de ello. Pero eso no hace que la relación colonial, cimentada en el principio de la disparidad, la asimetría y la ausencia de soberanía, pueda confundirse con una relación democrática. La relación de 1897 garantizó el control de España sobre las relaciones diplomáticas, las fuerzas armadas y la defensa del territorio. Los parecidos con la relación de 1952 son notables. El Rey continuó siendo la autoridad suprema en el país y nombraba al Gobernador, y el país seguía pagando los gastos inherentes a la Corona de su Tesoro, restringiendo las posibilidades de reinvertir el mismo en obras públicas racionales.

La Carta Autonómica ofreció pocas cosas nuevas. Lo más duradero fue la Cámara de Representantes electiva sobre bases  restrictivas. Estableció además que se consultara a los colonos por medio de sus representantes sobre acuerdos económicos y diplomáticos  internacionales que involucraran los intereses del país. Pero ello, distinto a lo que concluyeron los Juristas Nacionalistas de la Generación del 1930, no hacía a Puerto Rico un país soberano. A pesar de esas limitaciones, el arreglo garantizó la fidelidad de los autonomistas a España y los distanció de los separatistas anexionistas e independentistas de una manera permanente.

Por último, la Carta Autonómica nunca entró plenamente en funciones. En cuanto la guerra se cernió sobre las colonias, los derechos civiles concedidos por el Título I fueron derogados y se dio paso a un gobierno autoritario de tiempos de guerra. En la coyuntura, la Cámara de Representantes suspendió  sus reuniones. El 25 de julio de 1898 la invasión liquidó régimen. La Carta Autonómica o las Leyes Especiales, nunca pudieron demostrar su eficacia.

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Proyecto para la Abolición de la Esclavitud de 1867

Publicado por Mario R. Cancel-Sepúlveda en 17 marzo 2011


Capítulo VIII: Debe abolirse la esclavitud en Puerto Rico, aunque sea sin indemnización. Debe abolirse también, aunque sea con reglamentación del trabajo. La abolición debe ser radical e inmediata. ¿Es objeción para que se mantenga la esclavitud en Puerto Rico la proximidad de esta Isla a la de Cuba?

Como anteriormente dejamos expuesto, la indemnización, que es fácil y llevadera repartida entre el Estado y la Provincia, considerada en sus fundamentos y en su utilidad, es de equidad, de buena política, de justicia y de reconocida conveniencia para los esclavos, tanto al menos como para los propietarios.

Segundo Ruiz Belvis

Supongamos, sin embargo, que esta indemnización no sea posible; supongamos que por un conjunto de dolorosas circunstancias no hay otro medio sino optar entre la abolición sin indemnización o la continuación de la esclavitud: en este caso, hemos dicho al contestar a la primera parte del interrogatorio primero y repetimos ahora, “suprímase la esclavitud en Puerto Rico y olvídese, si se quiere, que hay un gran número de propietarios a quienes se priva de una propiedad hasta aquí considerada como legítima”. En cualquiera de los casos, con indemnización o sin ella, la esclavitud no debe durar ya un solo día. La conciencia de los hombres honrados y la del mismo Gobierno deben sentir como el peso de una acción criminal cuando, pudiendo borrar con facilidad y en un momento hasta los vestigios de esa institución, aplazan, sin embargo, indefinidamente su resolución, unos por temores que la razón desecha, pero que la imaginación agiganta; el otro, por consideraciones cuyo valer no podemos en estos instantes calificar.

Puede suceder que la indemnización, imposible al principio, sea posible en un plazo más o menos largo; en este caso, y con mayor razón, proclámese desde luego la emancipación, échense las bases y fíjense los plazos.

Esto que decimos de la esclavitud decimos igualmente en lo que al trabajo de los emancipados se refiere. Creemos, y así lo hemos sostenido en otra ocasión, que la economía política, la conveniencia pública y la más estricta justicia reclaman la completa libertad del trabajo en todos y cada uno de los individuos de una sociedad; hemos dicho también, concretándonos a la clase libre de color en Puerto Rico, compuesta en parte de ingenuos y de libertos, que no deben, en bien propio y del país, estar sujetos a reglamentación alguna en el trabajo; pero si esto, por temores también exagerados, se cree que puede ser dañoso a la prosperidad de Puerto Rico, venga enhorabuena la reglamentación, con tal que no exceda de un período de cinco años.

En suma: queremos y pedimos en nombre de la honra y del porvenir de nuestro país la abolición inmediata, radical y definitiva de la esclavitud; en cuanto a los medios para llevar a cabo este gran acto de justicia, aunque señalados por nosotros aquellos que estimamos más fundados en una política prudente y elevada, los encomendamos siempre a la ilustrada iniciativa del Gobierno y a la recta conciencia de la opinión pública.

Esta petición nuestra, que, aun siendo individual, fuera digna de ser tenida en cuenta, recibe aquí autoridad ilimitada, porque con más honra que merecimientos, somos en esta ocasión los elegidos por el voto de algunas poblaciones y además los representantes, no tan elocuentes como fieles, de las opiniones, sentimientos y doctrinas de la mayor parte de los naturales de Puerto Rico.

Una objeción, de la cual es bien hacerse en este punto cargo, se opone por algunos a la abolición en nuestra Antilla: su proximidad a Cuba y el precedente que desde luego establecería. No desconocemos lo que este argumento vale, pero a nuestra vez podríamos preguntar: ¿creen los que tal dicen, cree el mismo Gobierno que es posible sostener ese sistema de inmovilidad y petrificación en la cuestión social de la esclavitud? ¿Creen que esta terrible iniquidad, borrada ya de todas las naciones del mundo, condenada por todas las conciencias, rechazada por los más elevados intereses se estancará y durará mucho tiempo en las Antillas españolas? No es posible que lo crean; y si esto es así, la política más trivial y ligera aconseja que se debe empezar a abolir allí donde todas las circunstancias brindan a la reforma, donde la población esclava es corta, donde hay una población libre, densa y numerosa, donde la riqueza no necesita de aquella institución y donde, en fin, la tranquilidad no puede turbarse porque desaparezca en un día próximo y determinado. Si esto se hace, no solamente se dará cumplida satisfacción a las necesidades de Puerto Rico —que, al fin, tiene pleno derecho para ser escuchado y atendido independientemente de la isla de Cuba—, sino que, además, y ésta es una consideración muy importante, España, que nada ha hecho en la abolición de la esclavitud y cuyos sentimientos en este punto son, en concepto de algunos, un tanto sospechosos, dará, suprimiéndola en nuestra isla, un ejemplo al mundo de la sinceridad de sus protestas, de su política en lo porvenir y de la rectitud de sus intenciones.

No necesitamos resumir lo que llevamos dicho. Hemos procurado determinar los orígenes de la esclavitud en Puerto Rico, lo hemos examinado después en alguna de sus más importantes relaciones y en todos casos hemos llegado a una conclusión verdaderamente consoladora, a saber: que lo que está condenado por la justicia y por la moral lo está también en rigor por la historia, por la riqueza y por la conciencia pública. La abolición, por lo tanto, es de todo punto necesaria. Los medios que, por cumplir con un propósito tan honroso como satisfactorio, hemos propuesto para aboliría, serán más o menos acertados, más o menos fáciles de llevar a cabo: en este punto nos sometemos de ahora para siempre a lo que con los ojos puestos en el bien del país y en prin­cipios de justicia, se resuelva y determine.

Lo que hemos querido dejar asentado es que la institución de la esclavitud es un hecho perturbador, inmoral y preñado de peligros que conviene alejar inmediatamente y .sin levantar mano del seno de nuestra hermosa Antilla.

¿Qué no ha corrompido, en efecto, en nuestras sociedades de América el hecho de la esclavitud? En el orden material ha envilecido el trabajo, ley necesaria para que el hombre realice las aspiraciones de su propia naturaleza; en el orden económico, al convertir al hombre en propiedad, ha provocado la depreciación de las demás propiedades; en el orden civil, al violar la personalidad del esclavo, al negarle hasta el consuelo de la familia, ha llevado la corrupción hasta el seno mismo de las familias privilegiadas; en el orden administrativo ha hecho necesaria, imprescindible, la omnipotencia del poder, porque allí donde las relaciones de derecho están sacrílegamente perturbadas, el orden no puede nacer sino del miedo de los que sufren y de la violencia de los que mandan; en el orden político ha entronizado un estado de cosas en que la energía del individuo se extingue y las virtudes se acaban y la virilidad en el carácter es casi imposible, porque estas grandes prendas necesitan para vivir del aire de la libertad; en el orden social, la esclavitud ha creado una especie de aristocracia sin más tradición que el color y sin más poder que la riqueza; y en el orden moral y religioso ha arrojado aquella sociedad a una vida pasiva sin ideal y a un estado de cosas basado sobre la injusticia y la iniquidad.

Así, por esta funesta y universal trascendencia, la esclavitud, que no fuera en un principio más que un elemento obligado de producción, ha llegado a ser el origen y la causa permanente de todos los males que hoy pesan sobre las colonias españolas. La cuestión social, por lo tanto, al reducirse entera a la institución de la esclavitud, ha ganado en intensidad todo lo que ha perdido en extensión.

Al lado de este peligro, cuya importancia no procuramos amenguar, la institución de la esclavitud ofrece para su resolución, y una vez realizada, un gran número de ventajas que no podemos sino rápidamente indicar. El carácter único con que refleja la cuestión social, es la primera.

Francisco M. Quiñones

En Europa, las mejores inteligencias se pierden cuando quieren descubrir en ese conjunto de grandes cuestiones sociales —el proletariado, la propiedad, el impuesto, etc.—, un principio superior, una solución única que remedie todos los males y concierte en armonía superior todos los derechos. En las Antillas, por el contrario, el problema social, vario y múltiple en sus partes, se ha concentrado en una sola institución: en la esclavitud. Resolver este problema es resolverlos todos. ¿Quién puede apreciar la nueva vida que se desenvolverá en esas sociedades, hoy castigadas por la esclavitud, el día en que esta institución desaparezca tranquila y satisfactoriamente para todos? La filosofía enseña que allí donde la acción y reacción de dos razas libres son más enérgicas, el progreso es más rápido y la organización social más vigorosa; la historia prueba que con medidas prudentes y previsoras, colonias como las islas Mauricio, Las Barbadas, Martinica y Antigua llegan a ser más ricas y felices. La moral, en fin, la fe profunda que debemos abrigar en todas las grandes causas, nos dicen que devolver en una sociedad una buena parte de su población a los goces de la familia y de la libertad; que consagrar la igualdad de todos los hombres ante el Estado como está consagrada por la religión ante Dios; que ampararles en su personalidad, en su trabajo y en su propiedad, es una empresa grande, digna de ser llevada a cabo aun a costa de algunos sacrificios.

Podemos, pues, asentar como cierto que si todos los males que hoy se dejan sentir en las Antillas españolas nacen directa e inmediatamente de la institución de la esclavitud, todos los bienes, en cambio, todo el progreso con que aquella sociedad sueña, sin poderlo conseguir jamás, lo debe esperar de la emancipación de sus esclavos.

La historia comprueba esta verdad. No ha habido un solo colono, ni existe un solo partidario de la esclavitud, como dice un distinguido escritor, que no haya anunciado con una convicción profunda que la emancipación produciría estos tres resultados:

La cesación del trabajo y la ruina completa de las colonias.

La vuelta de los negros a la barbarie.

El robo y el asesinato.

Los hechos han, felizmente, desmentido tan fatales augurios.

“El resultado de la emancipación llevada a cabo en las Islas Occidentales —decía en 1842 Lord Stanley, Ministro de las Colonias en Inglaterra— ha sobrepujado hasta las más lisonjeras esperanzas de aquellos más ardientes partidarios de la prosperidad colonial; no solamente ha aumentado la riqueza material de cada una de las islas, sino que, lo que es mejor, ha habido un gran progreso en las costumbres industriales, un perfeccionamiento en el sistema social y religioso y un desarrollo en los individuos de esas cualidades intelectuales y morales que son más necesarias a la dicha que los objetos materiales de la vida. Los negros son hoy felices y viven satisfechos; entregados al trabajo, han aumentado su bienestar, y, al mismo tiempo que han disminuido los crímenes, han llegado a ser mejores las costumbres. El número de matrimonios ha crecido, y, merced a la influencia de los ministros de la religión, la instrucción se ha propagado. Tales son las consecuencias de la emancipación; su éxito ha sido completo en cuanto al fin principal de la medida.”

Estas ventajas, acreditadas por la historia, no pueden faltar en Puerto Rico si la abolición se lleva a cabo. Suprimida la esclavitud y destruida, por lo tanto, la causa de tantos y tan graves males como antes hemos enumerado, aumentará la población porque las relaciones entre los individuos serán muy libres y naturales, vendrán capitales extranjeros, hoy completamente retraídos, y, por consiguiente, aumentarán las transacciones y se desarrollará la industria; movilizada la propiedad territorial, hoy punto menos que estancada, se desenvolverá el valor de la riqueza y el crédito dentro y fuera de la isla; la mayor demanda de trabajo y la baratura de los artículos de primera necesidad mejorarán la condición material de las clases obreras; reducido el interés del dinero, se desgravará la propiedad, y, como consecuencia de todas estas inmensas ventajas, se desarrollará el espíritu de asociación, se crearán instituciones de ahorro y de crédito, de que ahora carecemos; se perfeccionarán los procedimientos agrícolas e industriales y, últimamente, la sociedad ganará en vida moral, que es la fuente suprema de donde nacen el respeto a los derechos y garantías individuales.

En cuanto al tránsito de la esclavitud al estado libre, en otras partes tan temido por lo radical, en Puerto Rico carece, afortuna­damente, de importancia. La población de color libre, tan numerosa en Puerto Rico y uno de los elementos que más coadyuvan al porvenir de aquella sociedad, hace allí las veces de una clase intermediaria entre la raza esclava y la población blanca. Dios sólo sabe lo que tenemos que agradecer a esa clase honrada y laboriosa que, por un lado, aumenta la riqueza, ayuda a la población blanca, y, por el otro, se ofrece como un eterno y brillante ideal a los ojos de la raza africana. El esclavo en Puerto Rico no envidia al blanco: la degradación de su estado de una parte y su ignorancia de otra, impiden que su ambición raye tan alto: lo que el esclavo allí contempla con amor y con envidia es el desenvolvimiento de la clase de color libre, porque conoce que ése es el estado inmediato al de su redención y que en él ha de vivir para llegar un día al término de sus esperanzas.

Esto constituye un elemento de orden y una segura garantía de que se puede resueltamente proceder a la abolición inmediata de la esclavitud.

Tal es, al menos, nuestra más profunda y sincera convicción. ¡Ojalá que el Gobierno, ojalá que la opinión pública de España acojan este nuestro voto, que es también el voto de todas las buenas almas de nuestra nación, porque de esta suerte se alejarán para siempre las complicaciones y peligros de que está preñada esta institución aborrecible.

De cualquier manera y sea cual sea el resultado de este nuestro humilde trabajo, lo que no se podía menos de reconocer, y esto basta para la satisfacción de nuestra conciencia, es que defender los fueros de la justicia, intentar la desaparición de una iniquidad que deshonra nuestro nombre, romper para siempre las cadenas de la esclavitud y todo esto sin perjudicar los intereses creados y sin perturbar la vida general del país, es un propósito honrado y fecundo, que podremos no alcanzar, pero que de seguro merecerá de todos los buenos consideración y respeto.

Junta Informativa de Reformas, Madrid, 10 de abril de 1867. — S. Ruiz Belvis, José Julián Acosta, Francisco M. Quiñones

Comentario:

El documento que antecede resume la posición de los Comisionados de Puerto Rico a la Junta Informativa de Reformas (1866-1867). Se trata del alegato más visible por “la completa libertad de trabajo” en el siglo 19 puertorriqueño. En el mismo se solicita la “abolición radical” de la esclavitud, entendida en el principio de que debía ser “inmediata” pero “con indemnización o sin ella”. Pero también sugiere la necesidad de desregular el “trabajo de lo emancipados” porque la economía política requiere la más “completa libertad del trabajo”. La esclavitud negra, sostiene los Comisionados, es un crimen y un acto aborrecible.

El otro punto interesante es que los Comisionados alegan ser los representantes legítimos de “las opiniones, sentimientos y doctrinas de la mayor parte de los naturales de Puerto Rico”. El argumento se esgrime por el hecho de que en aquel entonces se posponía la abolición por el peligro de la “guerra de razas” que presumiblemente aquella reforma podía producir en Cuba. Los puertorriqueños aspiran a que la situación de Puerto Rico sea tratada de manera separada de la de Cuba. La razones para ello son tres. Primero que acá “la población esclava es corta”, que en esta isla hay “una población libre, densa” y que “la riqueza no necesita de aquella institución” para crecer. En Cuba ocurría todo lo contrario. En el proceso trata de seducir a la Corona alegando que mediante la abolición en Puerto Rico, la imagen internacional de España mejorará, en la medida en que demostrará “la sinceridad de su protestas” o compromiso con el cambio. Los pensadores puertorriqueños piensa que la esclavitud está condenada, lo mismo por la justicia, la moral, la historia, la riqueza y la conciencia pública.

En la parte final de alegato precisan que, mientras en Europa, el problema o la cuestión social se centra en “el proletariado, la propiedad, el impuesto”, en las Antillas “se ha concentrado…en la esclavitud”. En ambas esferas se trata de asuntos relacionados con el modo de producción social que era una preocupación de la economía política de la época. La idea de que resolviendo uno y otro, se resolvían todos los demás problemas es comprensible pero fantasiosa. Por último los autores tratan de convencer a la Junta de lo inapropiado de ver en la abolición de la esclavitud un estímulo a la barbarie y a la violencia. Por el contrario, en su propuesta la reforma estimularía la reactivación de una economía que, en 1867, daba la impresión de estar empantanada y ausente de algunos de los signos determinantes de una economía de libre mercado moderna. En cierto modo, esta es la síntesis de la filosofía de una revolución burguesa y liberal que nunca se dio del todo en el Puerto Rico del siglo 19.

El documento que antecede resume la posición de los Comisionados de Puerto Rico a la Junta Informativa de Reformas (1866-1867). Se trata del alegato más visible por “la completa libertad de trabajo” en el siglo 19 puertorriqueño. En el mismo se solicita la “abolición radical” de la esclavitud, entendida en el principio de que debía ser “inmediata” pero “con indemnización o sin ella”. Pero también sugiere la necesidad de desregular el “trabajo de lo emancipados” porque la economía política requiere la más “completa libertad del trabajo”. La esclavitud negra, sostiene los Comisionados, es un crimen y un acto aborrecible.

El otro punto interesante es que los Comisionados alegan ser los representantes legítimos de “las opiniones, sentimientos y doctrinas de la mayor parte de los naturales de Puerto Rico”. El argumento se esgrime por el hecho de que en aquel entonces se posponía la abolición por el peligro de la “guerra de razas” que presumiblemente aquella reforma podía producir en Cuba. Los puertorriqueños aspiran a que la situación de Puerto Rico sea tratada de manera separada de la de Cuba. La razones para ello son tres. Primero que acá “la población esclava es corta”, que en esta isla hay “una población libre, densa” y que “la riqueza no necesita de aquella institución” para crecer. En Cuba ocurría todo lo contrario. En el proceso trata de seducir a la Corona alegando que mediante la abolición en Puerto Rico, la imagen internacional de España mejorará, en la medida en que demostrará “la sinceridad de su protestas” o compromiso con el cambio. Los pensadores puertorriqueños piensa que la esclavitud está condenada, lo mismo por la justicia, la moral, la historia, la riqueza y la conciencia pública.

En la parte final de alegato precisan que, mientras en Europa, el problema o la cuestión social se centra en “el proletariado, la propiedad, el impuesto”, en las Antillas “se ha concentrado…en la esclavitud”. En ambas esferas se trata de asuntos relacionados con el modo de producción social que era una preocupación de la economía política de la época. La idea de que resolviendo uno y otro, se resolvían todos los demás problemas es comprensible pero fantasiosa. Por último los autores tratan de convencer a la Junta de lo inapropiado de ver en la abolición de la esclavitud un estímulo a la barbarie y a la violencia. Por el contrario, en su propuesta la reforma estimularía la reactivación de una economía que, en 1867, daba la impresión de estar empantanada y ausente de algunos de los signos determinantes de una economía de libre mercado moderna. En cierto modo, esta es la síntesis de la filosofía de una revolución burguesa y liberal que nunca se dio del todo en el Puerto Rico del siglo 19.

Los interesados pueden también consultar Segundo Ruiz Belvis: política y modernidadSegundo Ruiz Belvis: una aventura de la memoria

  • Mario R. Cancel
  • Historiador y escritor

Publicado en Abolicionismo, Documento de historia de Puerto Rico, Esclavitud negra, Francisco Mariano Quiñones, José Julián Acosta y Calbo, Junta Informativa de Reformas, Liberalismo puertorriqueño, Puerto Rico en el siglo 19, Segundo Ruiz Belvis, Separatismo puertorriqueño | Etiquetado: , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
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