Puerto Rico: su transformación en el tiempo

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Archive for the ‘Leyes Especiales’ Category

La Carta Autonómica y la Guerra del 1898

Posted by Mario R. Cancel-Sepúlveda en 15 abril 2011


  • Mario R. Cancel
  • Historiador y escritor

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) cumplió su compromiso con los autonomistas puertorriqueños  cuando llegó a la posición de Primer Ministro. A partir del 25 de noviembre de  1897 dictó 3 decretos con el fin de articular la Autonomía Moderada y Colonial en Puerto Rico y mediar en el conflicto cubano. El hecho de que el Partido Autonomista Puertorriqueño estuviese minado por el divisionismo desde la negociación del Pacto con Sagasta, no frenó un proceso que se formuló, esencialmente, pensando en los beneficios que  España España obtendría del mismo.

El primero de los decretos fue el que autorizó la aplicación del Título I de la Constitución Española de 1876, con lo que se reconocían los derechos civiles básicos, condición jurídica necesaria para legitimar el proceso de cambio. El segundo fue el que hizo extensiva a la isla la Ley Electoral española de 1890, la cual autorizaba el voto universal masculino a los ciudadanos mayores de 25 años. El tercero fue la prometida Carta Autonómica colonial y moderada, un documento que regulaba la administración de la colonia y que difícilmente equivalía a una constitución formal.

Práxedes Mateo Sagasta

Las reacciones de las elites políticas en las Antillas fueron las esperadas. En Cuba, en armas desde 1895, la oferta se recibió con frialdad. El ejército y el gobierno de Cuba en Armas, confiaba en que una intervención de Estados Unidos, evento que la autonomía esperaba evitar, favorecería la separación. En Puerto Rico, donde no había una guerra en el horizonte y la colaboración entre autonomistas y separatistas era poca, la recibieron con gusto. Aquella elite autonomista, vio en el gesto de emergencia de España, el cumplimiento de la promesa de Leyes Especiales de 1837 y 1876.

Vistos desde esa perspectiva, el propósito estratégico de la Carta Autonómica no se cumplió. Por un lado, no  frenó el Separatismo en Cuba y, a la larga, tampoco evitó que Estados Unidos interviniera militarmente en las Antillas. Las razones para el fracaso geopolítico de la Carta Autonómica deben buscarse en el hecho de que la reforma llegó políticamente tarde. Si en el 1887 se hubiese respondido a la fundación del Partido Autonomista Puertorriqueño en lugar de con los Compontes, con una oferta de Autonomía, la historia hubiese sido distinta. El otro elemento estuvo fuera del control de España. En febrero de 1898, el hundimiento accidental del acorazado Maine en La Habana mientras estaba estacionado en medio de una extraña visita de buena voluntad en medio del conflicto, justificó la declaración de guerra en Estados Unidos.

Se trata, en cierto modo, de un tradicional 11 de septiembre en pequeña escala. Los americanos responsabilizaron, sin prueba alguna, a los españoles de lanzar un torpedo desde un submarino de prueba contra la nave. Se difundió la patraña de que los rebeldes mambises ejecutaron el acto de terror con el fin de acelerar la intervención americana. Se sospechó que se trataba de un trabajo desde el interior con el fin de justificar la declaración de guerra. Lo más moderados sospecharon que se trataba de un accidente provocado por un descuido y solicitaron la intervención de un cuerpo investigativo imparcial, hecho que no se concretó en aquel momento. Para Estados Unidos era más importante la legitimación de la agresión que la aclaración juiciosa de la situación. En abril de 1898, el Presidente de Estados Unidos William McKinley (1843-1901) declaró la guerra a España.

La Carta Autonómica: una evaluación crítica

La Carta Autonómica fue un documento defectuoso, hecho con prisa, pensado con el fin de resolver los problemas geopolíticos de España. Interpretarla como una reforma graciosa de la hispanidad para la siempre fiel isla de Puerto Rico, o como un logro extraordinario del Partido Autonomista Puertorriqueño mutilado por la ruptura o trauma del 1898, tal y como lo hizo la Historiografía Liberal,   ya no resulta convincente. La ruta hacia la consolidación de la Autonomía Moderada y Colonial estuvo plagada de defectos procesales. De hecho, no fue discutida ni aprobada legalmente por el Parlamento Español, y tampoco se consultó a los puertorriqueños y los cubanos sobre su contenido y su alcance.

William McKinley

También contenía defectos de derecho  que la hacían antidemocrática. La más notable es que no abolió la relación colonial. Lo cierto es que los derechos individuales se pueden garantizar incluso en una colonia. El Puerto Rico del Estado Libre Asociado es una demostración de ello. Pero eso no hace que la relación colonial, cimentada en el principio de la disparidad, la asimetría y la ausencia de soberanía, pueda confundirse con una relación democrática. La relación de 1897 garantizó el control de España sobre las relaciones diplomáticas, las fuerzas armadas y la defensa del territorio. Los parecidos con la relación de 1952 son notables. El Rey continuó siendo la autoridad suprema en el país y nombraba al Gobernador, y el país seguía pagando los gastos inherentes a la Corona de su Tesoro, restringiendo las posibilidades de reinvertir el mismo en obras públicas racionales.

La Carta Autonómica ofreció pocas cosas nuevas. Lo más duradero fue la Cámara de Representantes electiva sobre bases  restrictivas. Estableció además que se consultara a los colonos por medio de sus representantes sobre acuerdos económicos y diplomáticos  internacionales que involucraran los intereses del país. Pero ello, distinto a lo que concluyeron los Juristas Nacionalistas de la Generación del 1930, no hacía a Puerto Rico un país soberano. A pesar de esas limitaciones, el arreglo garantizó la fidelidad de los autonomistas a España y los distanció de los separatistas anexionistas e independentistas de una manera permanente.

Por último, la Carta Autonómica nunca entró plenamente en funciones. En cuanto la guerra se cernió sobre las colonias, los derechos civiles concedidos por el Título I fueron derogados y se dio paso a un gobierno autoritario de tiempos de guerra. En la coyuntura, la Cámara de Representantes suspendió  sus reuniones. El 25 de julio de 1898 la invasión liquidó régimen. La Carta Autonómica o las Leyes Especiales, nunca pudieron demostrar su eficacia.

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El Ciclo Revolucionario y la Política en Puerto Rico (1814-1837) (Parte II)

Posted by Mario R. Cancel-Sepúlveda en 27 noviembre 2008


  • Mario R. Cancel
  • Historiador y escritor

La Constitución de 1836 y Puerto Rico

La muerte de Fernando VII en 1833, cerró un periodo de la historia política de España. Por aquel entonces su única heredera Isabel, hija de María Cristina de Nápoles, tenía apenas 3 años. La monarquía quedó bajo la Regencia de la madre de la princesa, abriendo un nuevo periodo de inestabilidad. Carlos María Isidro de Borbón, hermano del fallecido Fernando VII, aspiraba al trono y cuestionó la decisión. Uno de sus argumentos era que una mujer no tenía derecho a fungir como Monarca acorde con la tradición de la Ley Sálica, una jurisprudencia franca, es decir francesa, que provenía del siglo VI. En aquel momento las fuerzas Liberales, apoyadas por Militares, volvieron a conspirar contra la Monarquía. La amenaza forzó a la Regente a establecer lo que se denominó el Estatuto Real en 1834. Se trataba de una argucia legal que aspiraba complacer a Liberales y a Conservadores, sin hacer grandes concesiones a ninguno de los dos bandos.

Los Liberales y lo Militares favorecían la eliminación del Estatuto Real y preferían la restitución de la Constitución de 1812. A lo que aspiraban era a la consolidación de una Monarquía Liberal y Racional en donde los cuerpos castrenses sirvieran de freno al poder del Rey o de la Reina, según fuera el caso. Se trataba de una Monarquía Limitada, pero las limitaciones al poder absoluto no serían responsabilidad directa del Pueblo por medio de una Cortes liberales. La conjura militar se extendió como reguero de pólvora a las colonias. En 1835, en San Juan, se descubrió un complot del Regimiento de Granada estacionado en la Capital, cuyo líder era el Capitán Pedro de Loizaga. Los objetivos de los militares locales eran los mismos que en España. Una vez delatada desde adentro de las fuerzas conspirativas, Loizaga terminó sus días en la cárcel de El Morro, como tantos otros rebeldes en el siglo 19. El Gobernador Miguel de la Torre adoptó una política inteligente en aquella ocasión: trasladó a los oficiales del Regimiento de Granada involucrados en la conjura a otras partes del país y a Cuba. Con ello lograba que, si había un núcleo de subversivos, el mismo fuera disuelto de inmediato sin recurrir a la violencia.

San Juan en el siglo 19

Las presiones políticas en la península y en las colonias, condujeron a la Regente a autorizar la redacción de una nueva Constitución en 1837. Pero las Cortes que la redactaron decidieron no hacer la misma extensiva a Puerto Rico como habían hecho en 1812 y en 1820. Para los insulares prometieron redactar Leyes Especiales para su gobierno en un futuro no precisado. La idea de gobernar a las colonias mediante Leyes Especiales establecía que los peninsulares no apreciaban como sus iguales a los insulares. Aquella lógica los condujo a pensar que las leyes los estatutos que rigieran la vida colonial debían ser distintas a las que regían en la península. Ese reconocimiento de la diferencia que sostenía al concepto de las Leyes Especiales, es la base de las tendencias autonomistas del siglo 19.

Es cierto que la reacción política a las Leyes especiales no fue uniforme en el país. Algunos sectores aceptaron la promesa de buena fe y fueron denominados especialistas. Se trataba de intelectuales y juristas liberales pero moderados. Otros rechazaron la oferta y pidieron la aplicación de la Constitución de 1837 a Puerto Rico. Eran militares liberales del Regimiento de Granada dispuestos a tomarse mayores riesgos por su causa. Pero algunos aprovecharon la confusión y trataron de separar a Puerto Rico de España en 1838 mediante un golpe militar bien ejecutado. Eran militares radicales que querían integrar el país a la Hispanoamérica independiente. Las tendencias políticas dominantes durante todo el siglo 19 estaban maduras.

España entre 1808-1837: conclusiones

El Ciclo Revolucionario tuvo en España unos efectos particulares. España no tuvo un 1789 radical como lo vivió Francia. La nobleza aristocrática sobrevivió el cambio y se convirtió en un freno poderoso para el cambio modernizador. Las posibilidades de que una parte de la nobleza aristocrática estableciera alianzas o acuerdos eficaces con las fuerzas de la burguesía que promovían el cambio, eran pocas. Debo recordar que esa fue la fórmula aliancista fue lo que garantizó que el Congreso de Viena de 1815 fuera exitoso. Las alianzas y las concesiones hechas de parte y parte en aquellas discusiones al final de la Guerras Napoleónicas, garantizaron la posibilidad de un nuevo orden duradero hasta la Primera Guerra Mundial. Los acuerdos, en cierto modo, pospusieron la lucha final entre la Nobleza y la Iglesia, de un lado, y la burguesía, de otro, para el futuro. La confrontación final nunca se dio. Era un sueño utópico pensar en la victoria final de la burguesía, tanto como luego lo fue imaginar la victoria final de la clase trabajadora ante la burguesía.

En la España Católica, la burguesía de los negocios, el ejército, los intelectuales liberales como los masones, fueron sectores que siempre fueron vistos con desconfianza por la Nobleza y la Iglesia. Los procesos hacia la modernización polarizaron la situación. Ello condujo al establecimiento de un precario balance de fuerzas entre los liberales y los conservadores y a los altibajos que ya hemos discutido antes. Esa incertidumbre se reflejó en la vida puertorriqueña de una manera palmaria. Pero la vida política moderna en las colonias inició como consecuencia de esos procesos.

Lo más interesante es que en ambos mundos los intelectuales y los militares liberales fueron una fuerza revolucionaria enorme. Aquellos sectores retaban a la Monarquía por dos frentes: el intelectual y el práctico. El papel de los intelectuales críticos en la modernidad se estrenó en aquellas circunstancias. Ciertamente, unas fuerzas armadas que cuestionaban el poder civil eran peligrosas. Para España el Ejército representaba una opción real para el cambio. Con posterioridad los intelectuales rompieron esa relación con el ejército pero esa situación se discutirá en otra ocasión.

 

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