Reflexiones en torno al abolicionismo en el siglo 19

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

Aunque no se puede olvidar el papel protagónico de los esclavos rebeldes afroantillanos en la causa abolicionista, la historiografía tradicional asigna el papel de propulsores del movimiento abolicionista puertorriqueño a un sector muy específico de las elites sociales insulares. Se trata de numerosos intelectuales y profesionales quienes, educados en el extranjero en carreras de vanguardia, se desarrollaron como ideólogos y activistas liberales comprometidos. Las carreras de vanguardia no era sino el derecho, la medicina, agronomía, ingeniería, la geografía, las ciencias físicas y las matemáticas, entre otras. El desarrollo de una clase profesional fue una novedad en el Puerto Rico en crecimiento que se afirmó alrededor de las reformas de 1812 a 1815.

José Julián Acosta y Calbo

Se trata de personas mucho más visibles que los esclavos por su vinculación de sangre al poderoso sector de los hacendados y los comerciantes. Dentro de aquel pequeño sector también había pensadores no tradicionales fuesen masones o librepensadores, que veían en la  Iglesia Católica Española un adversario por su abierta defensa de la esclavitud y el estado de hecho colonial. El espacio que ofrecía el Estado para la discusión del problema era escaso: el valor del trabajo o compensación laboral, la separación o la abolición eran asuntos que no se podían vetear públicamente. Ser abolicionista implicaba un riesgo político.

Las figuras más comentadas del abolicionismo en Puerto Rico pueden reducirse a las siguientes. En San Juan destacó el Prof. José Julián Acosta y Calbo (1825-1891), un liberal reformista con formación en física y matemática que había sido educado en Madrid y Berlín y uno de los pilares de la historiografía puertorriqueña. La otra fue el también Prof. Román Baldorioty de Castro (1822-1889), educado en San Juan y Madrid también en física y matemática de tendencias liberales que le condujeron hacia el autonomismo radical y soberanista en la década de 1880.

En Mayagüez desarrolló un particular activismo el Dr. Ramón E. Betances (1827-1898),  médico educado en París, pensador anticlerical, literato, masón y librepensador. Muy cerca de aquél estuvo el Lcdo. Segundo Ruiz Belvis (1829-1867), abogado educado en Caracas y Madrid, también masón y librepensador. Ambos apoyaban el separatismo independentista y fueron precursores de la idea de la Confederación de la Antillas como alternativa al estatus colonial desde 1860.

 

El activismo abolicionista en Mayagüez

Entre 1856-1857 se fundó en la  ciudad una “Sociedad Abolicionista Secreta”. La misma reunió activistas de  Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Aguadilla. La “Sociedad Abolicionista Secreta” funcionaba como una Logia Masónica o una Sociedad Secreta Revolucionaria. Los pocos datos que se tienen de ella indican que la organización no tenía ni un reglamento ni listas escritas de sus miembros con el fin de proteger a su militancia, y que se reunían en residencias privadas  y templos masónicos de la región. La “Sociedad Abolicionista Secreta” se dedicaba a recogían fondos para la causa, imponían cuotas regulares a los miembros y simpatizantes y utilizaban el dinero para comprar la libertad de niños esclavos en el momento del bautismo. La manumisión o liberación por la mano era un proceso legal que, si bien aumentaba la población de libertos, dejaba a lo niño liberados bajo la custodia de sus madres y, en consecuencia, de sus amos. También se tomaban, de acuerdo con un testimonio de Betances, riesgos mayores cuando apoyaban las fugas y la emigración de esclavos prófugos o evadidos al extranjero.

Los líderes abolicionistas de San Juan y Mayagüez fueron vigilados por el Estado. En Mayagüez la presión del gobierno se condujo a través de las autoridades de Ayuntamiento y su Corregidor o jefe de policía. La situación no produjo el efecto deseado. La insistencia de las autoridades española en vincular el abolicionismo con el Separatismo Independentista y Anexionista no era del todo errada.

 

El Movimiento Abolicionista Español

En el reino de  España la discusión de la abolición era legal y crecía como consecuencia de una  serie de factores. Primero, la presión del Reino Unido de Inglaterra o Gran Bretaña contra la institución de la esclavitud negra. Segundo, la Guerra de Secesión o Guerra Civil en Estados Unidos (1861-1864) que culminó con la abolición de aquel sistema de trabajo en aquel país. En ambos casos se trataba de emblemas que cuestionaban el absolutismo monárquico dominante en la península. Las figuras más significativas de aquel momento fueron varias. Se trataba de Intelectuales españoles y antillanos radicados en Madrid.

Julio L. Vizcarrondo

Ya hacia el año 1864, los abolicionistas se reunían en el hogar de un puertorriqueño: Julio L. Vizcarrondo Coronado (1829-1889). Vizcarrondo estaba vinculado a una poderosa familia de la isla que había tenido vinculaciones con las fuerzas armadas locales. Se había educado en Madrid y París, era periodista y escritor, activista social y un destacado filántropo. El 2 de abril de 1865, aquellos intelectuales fundaron la “Sociedad Abolicionista Española”, eligieron como Presidente Salustiano de Olózaga (1805-1873) militar, escritor, abogado y político español, y su Secretario el citado Vizcarrondo. La organización publicaba un periódico militante titulado “El Abolicionista Español” y tenía un contacto en Puerto Rico: el Prof. Acosta y Calbo.

Las convergencias entre el abolicionismo puertorriqueño y el español eran varias. Primero, compartían la admiración a los estados progresistas del Norte de Estados Unidos. Segundo, coincidían en que esclavitud negra debía ser abolida en beneficio del mercado laboral libre y que esa reforma liberal era necesaria e inevitable para estimular el progreso material y social. Tercero, coincidían en que la abolición de la esclavitud de los negros estaba en manos de los blancos y que había que evitar una guerra de razas a toda costa.

Las divergencias del abolicionismo puertorriqueño y español eran también notables. En Puerto Rico algunos abolicionistas querían separar a Puerto Rico del Reino de España o alterar la relación política entre ambos territorios. Tampoco se ponían de acuerdo en cuanto a las tácticas que debían implementar para adelantar la causa y algunos defendían la abolición gradual mientras otros auspiciaban medidas más radicales para presionar al Estados a decidirla. El abolicionismo fue una fase importante del movimiento liberal burgués del siglo 19 tanto en España como el Puerto Rico.

 

La Junta Informativa de Reformas de 1866-1867

En 1864 se disolvió el viejo Consejo de Indias, responsable de articular una política colonial desde 1517, y se instituyó el Ministerio de Ultramar con las mismas responsabilidades. Poco después, en 1865. El Ministro de Ultramar, Ramón M. Narváez (1800-1868) convocó una Junta Informativa de Reformas en Madrid con el fin de diseña una política racional en el manejo de los asunto ultramarinos. El objetivo de la Junta era diverso: debía discutir la cuestión política o las Leyes Especiales prometidas en 1837, la cuestión económica o la reforma del mercado y la cuestión social o el asunto de la esclavitud. Con ello en mente, se invitó a las colonias a enviar Comisionados o Informadores a la Junta. Cuba, Puerto Rico y Filipinas enviarían 28 comisionados en total. La delegación de Puerto Rico sería de 6 comisionados. La elección de los mismos dejó un resultado muy interesante. Tres de los elegidos fueron liberales y abolicionistas: Segundo Ruiz Belvis (Mayagüez), Francisco M. Quiñones (San Germán) y José Julián Acosta (San Juan). Los otros tres electos resultaron ser conservadores y esclavistas: Manuel Valdez Linares (San Juan), Manuel de Jesús Zeno Correa (Arecibo) y Luis Becerra (Ponce). Con algún retraso, en octubre de 1866, la Junta abrió sus sesiones.

Salustiano de Olozaga

La discusión de la cuestión política y económica, favoreció el desarrollo de políticas liberales en ambos ámbitos. En lo que compete al abolicionismo, es decir la discusión de la cuestión social, fue más problemática. Desde un principio quedó claro que la intención de la Junta era preservar la esclavitud y mejorar las relaciones laborales. Dada esa situación, en abril de 1867 los tres abolicionistas de Puerto Rico presentaron el Proyecto para la Abolición de la Esclavitud. En el documento reclamaron la abolición inmediata de la esclavitud sin compensación económica a los esclavistas. La acción provocó un escándalo y los proponentes fueron puestos bajo vigilancia. De paso, se informó a las autoridades de Puerto Rico que debían vigilarlos a su regreso a la Isla. La propuesta abolicionista no fue tomada en cuenta por la Junta.

 

Los argumentos de los abolicionistas puertorriqueños

La mejor manera de comprender el abolicionismo a la altura de 1867 es fijarse en los argumentos jurídicos que usaron. Se trataba de una concepción liberal del derecho que insistía en que el derecho debía ser revisado para crecer, no para ser restringido. Aplicada la lógica liberal a  la cuestión social, argüían que, si a los esclavos se les reconocía algún derecho, a la larga resultaba inevitable reconocerle todos los derechos en el futuro. El reconocimiento de todos los derechos equivalía a la libertad. Los razonamientos económicos eran simples y contundentes y estaban dirigidos al interés privado de los esclavistas: el trabajo libre era más costo eficiente que el trabajo esclavo. Para ello contaron con apoyo estadístico: entre 1846 y 1867 la producción agraria había crecido, aseguraban. Pero durante el mismo periodo las cantidades de esclavos habían bajado. Con ello sostenían que la producción no dependía de la esclavitud negra.

A su regreso a Puerto Rico, Quiñones y Acosta, negociaron con el Gobernador Militar José María Marchessi y Oleaga (1801-1882) una tregua. Ruiz Belvis se evadió del país con el apoyo de Ramón E. Betances y el Párroco de Hormigueros Antonio González. Los historiadores miran en aquel gesto el evento que justificó la Insurrección de Lares de 1868.