El debate sobre la cultura hoy: una opinión

• Mario R. Cancel Sepúlveda
• Catedrático de Historia y escritor

El Instituto de Cultura Puertorriqueña es una estructura creada en 1955 por el Estado con unas responsabilidades precisas: preservar y promover la cultura puertorriqueña de su tiempo. El balance entre la preservación y la promoción, sin embargo, siempre ha sido precario. Reproducir una herencia y reinventarla imaginativamente, podían convertirse en procesos opuestos para algunos observadores.

Un poco de historia

Como institución surgió en un momento de transformaciones complejas. Desde antes de 1947 el país, una dependencia de Estados Unidos, experimentaba una “revolución económica desde arriba” la cual promovía la industrialización por invitación. Aquel proceso se conoció con el nombre de “Operación Manos a la Obra”. La necesidad de crear una institución como el ICP se hizo más evidente después de 1952, cuando se consolidó el Estado Libre Asociado. Los efectos culturales de la inserción cada vez más intensa de Puerto Rico y su gente en el mercado y en la vida política de Estados Unidos, transformaron a la reflexión cultural en una necesidad apremiante.

Pero la cultura, como el idioma, era un balón más en el juego político colonial. En un momento dado llegó a ser  considerada como una ficha importante para la “solución final” del dilema de estatus. El ICP era responsable de preservar y promover la cultura para que gente no dejara de sentirse “puertorriqueña”. El Estado que lo creó no tenía problema alguno con la americanización política, jurídica y económica del país, pero insistía en no ceder ante la americanización cultural. Por otro lado, un nacionalismo administrado desde el poder resultaría menos peligroso que un nacionalismo en manos de activistas que pudieran politizarlo de un modo agresivo.

Contraportada del libro Fuera de trabajo (1977) obra del poeta concreto Esteban Valdés

Luis Muñoz Marín, un pensador formado durante la primera mitad del siglo 20, no toleraba algunos aspectos de la americanización: se trataba de aquellos que identificaba con una cultura materialista y de consumo conspicuo que, valga la redundancia, consumía la individualidad y la humanidad de bien. Detrás de aquellas posturas había mucho de una concepción nacionalista elemental del puertorriqueño como un ser puro e inocente que, si bien era capaz de ser Moderno, debía ser protegido de los males que la Modernización acarreaba. Muñoz Marín era  un idealista que en 1950 daba crédito a las concepciones arielistas del 1900.

El ICP no surgió solo. Fue parte de lo que se conoció como la “Operación Serenidad”, una “revolución cultural y espiritual desde arriba” que pretendía subsanar los problemas que derivaran de la “revolución económica desde arriba”. El sobresalto del cambio material debía cauterizarse con la actitud estoica que la cultura impondría.

La “Operación Serenidad” irradió en diversas direcciones. La División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO, 1949), las televisoras y radiodifusoras  WIPR y WIPM (1958), el  Festival Casals (1955), aspiraban afirmar las luces de la cultura y la identidad en un país tragado por una Modernización que muchos consideraba amenazante. Aquellos esfuerzos también pretendían hacer el país atractivo para el tipo de capitalista, empresario o profesional culto que arribaría al país, tanto como lo haría un hotel de la cadena Hilton o una playa donde se pudieran consumir mujeres y hombres, tabaco y ron. Lo que queda de todo aquello hoy es apenas una sombra.

¿Por qué la universidad y el sistema de educación pública del Estado no podían cumplir esa función? ¿Por qué debían ser secundarias en el marco de “Operación Serenidad? Me parece que la UPR, fundada en 1903, y el sistema de educación pública, diseñado en 1900, eran vistas con desconfianza. Ambos sistemas fueron producto de la invasión de 1898 y diseñados desde afuera como instrumentos de ajuste a la nueva soberanía. La “puertorriqueñización” de aquellas instituciones tuvo que esperar a la década de 1940 y, en ambas, lo “puertorriqueño” siempre resultaba devaluado por el “occidentalismo”.

Una relación contenciosa

El ICP y las instituciones asociadas  a “Operación Serenidad” aparecieron en momentos de cambio socio-económico radical y fueron una respuesta a una presunta amenaza a la identidad. La lógica de aquellos que administraban la política cultural entre 1949 y 1958, sin embargo, reiteró unas prácticas problemáticas que deben ser analizadas con cuidado.

Primero, independiente de sus buenos deseos, el ICP y los instrumentos de “Operación Serenidad”, seguían siendo una expresión de dirigismo cultural desde arriba. La cultura es un pensar / hacer de todos los días. Pero las políticas del ICP   respecto a qué se preservaba y promovía, en la medida en que legitimaba ciertas expresiones, devaluaban otras. El componente del poder convertía cualquier decisión institucional en un tipo de censura para todas aquellas prácticas que no eran legitimadas. El ICP fue el signo de un tipo de “cultura oficial” autoritario en cuanto a lo que significaba la identidad.

La capacidad de censura de las instituciones de “Operación Serenidad” no es una ilusión de intelectuales de izquierda o nacionalistas. La creatividad, lo mismo en una colonia que en un país que no lo es, siempre ha sido un arma de resistencia al orden en el cual se encuentra enclavado. En el Puerto Rico de 1955 el problema era más complejo. Paralelamente con la “Operación Serenidad”, el Estado aplicó en 1948 una mala traducción de la Ley Smith conocida aquí como la Ley de la Mordaza que constituyó una verdadera censura oficial a muchos de los fines que “Operación Serenidad” pretendía estimular pero sobre todo a la conciencia de los creadores culturales de todos los días.

Segundo, aquellas políticas ligadas a “Operación Serenidad” separaban las manifestaciones de la expresión de la cultura popular y la de las elites de una manera tajante, animando tensiones  que todavía hoy son palpables en la discusión pública. Es como si el aire del ICP no fuese apto para académicos universitarios y la universidad debiera prohibirles el acceso a los promotores y activistas culturales. La contradicción es que el ICP, inventado por un universitario llamado Ricardo Alegría, siempre ha sido administrado por académicos y los campus universitarios siguen siendo terreno fértil para la cultura nuestra de cada día.

Tercero, la identidad, la puertorriqueñidad y la nacionalidad, no son un monumento resguardado en una cápsula al vacío que lo preserva en su pureza anacrónica. No se trata de artefactos intocables. Lo importante es la forma en que aquel que las mira, las apropia desde un afuera que siempre es un adentro. Preservar es inmovilizar, promover es caminar.

Esta situación no es nueva

El único atentado histórico contra el lugar del ICP en el discurso cultural oficial del país ocurrió bajo una administración estadoísta. En 1979, gobernaba Carlos Romero Barceló, se creó una Administración para el Fomento de las Artes y la Cultura (AFAC). La meta, se alegaba, era profesionalizar la administración de la cultura centralizándola. Algunos lo vieron como un esfuerzo por politizar la discusión cultural y minar al ICP. Lo cierto es que la discusión cultural del ICP ya estaba politizada. Lo que le preocupaba a los opositores era que los resortes quedaran en manos de ideólogos estadoístas que cuestionaban el nacionalismo cultural bueno e inofensivo dominante.

El hecho de que la decisión la hiciera aquel gobernador, fue crucial para su rechazo. La disposición se tomó en medio de un proceso de aceleración de la Guerra Fría  camino a su fin: en Nicaragua el Sandinismo derrotaba a la dictadura de Somoza, y en El Salvador la insurgencia nacía. El último año de la administración Carter enfrentó la invasión soviética a Afganistán. Estados Unidos iba, sin saberlo, camino a la administración Reagan. La AFAC, como se sabe,  fue abolida de un plumazo por una administración popular encabezada por Rafael Hernández Colón en 1984.

Una conclusión atrevida

A la altura de 2013 no me sorprende el súbito interés del Ejecutivo y el Legislativo por discutir la dirección que debe tomar la relación entre el Estado y la Cultura.  Un asunto que siempre ha sido secundario, se convierte en una “prioridad” mediática que convoca a numerosos intelectuales que respeto. Siempre será más fácil hablar de cultura que resolver el estatus y crear empleos, no lo pongo en duda.

Lo cierto es que la relación entre la Cultura y el Estado debió ser revisada hace tiempo. Sus instituciones también. Puerto Rico salió del proceso a la Modernización que creó al ICP bastante maltrecho materialmente pero culturalmente postpuertorriqueño, como debía ser. Si los comités del Ejecutivo y el Legislativo conducen en una dirección o en otra, ya sea fortalecer el ICP y reformularlo o diluirlo en el seno de una Secretaría nueva, la libertad de producir esa cultura nuestra de cada día debe quedar asegurada. Es probable que los dos informes terminen en una gaveta olvidada de los archivos oficiales: pasa con las cosas que no son prioridad del poder político y el capital. Convertir esto en una vendetta sería un error.